Chile, conmocionado por casos de corrupción
En las últimas semanas se conocieron un caso de presunto tráfico de influencias que involucra al hijo de Bachelet y otro de supuesta financiación ilegal de campañas de la derecha. La Justicia ordenó la detención de un puñado de empresarios y políticos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prometió que va a “tomar todas las medidas” necesarias para garantizar que “el país pueda confiar en sus instituciones”, luego de que en las últimas semanas se conocieran un caso de presunto tráfico de influencias que involucra a su hijo y otro de supuesta financiación ilegal de campañas electorales del partido opositor Unión Demócrata Independiente (UDI).
“Creo que nuestros ciudadanos hoy día exigen un estándar ético mucho más elevado y yo como presidenta me voy a hacer cargo, porque el país conoce mi conducta de vida”, afirmó Bachelet, al día siguiente de que la Justicia ordenara la prisión preventiva de seis altos dirigentes empresariales y ex funcionarios en el caso Penta.
La causa por fraude al fisco involucra a propietarios y ejecutivos del grupo financiero Penta y a políticos de la ultraderechista UDI. Penta es un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares y los imputados están acusados de delitos tributarios, cohecho, sobornos, lavado de activos, mientras una arista política, referida a la financiación ilegal de campañas electorales, comenzó también a ser investigada por la fiscalía.
El juez Juan Escobar realizó el sábado una detallada justificación respecto de las medidas cautelares solicitadas por los acusadores y envió a prisión a Carlos Alberto Delano y Carlos Lavin, los dueños de Penta; a Pablo Wagner, ex viceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera –que se hizo conocido por el rescate a los mineros–, y a Hugo Bravo, el ahora ex gerente general del grupo, quien destapó la gran estafa. Sin contemplaciones, los procesados debieron ingresar de inmediato a la cárcel Capitán Yaber, situada a unos metros de los tribunales.
La resolución de enviar a prisión a los involucrados del caso Penta generó inmediatas reacciones políticas y del mundo empresarial. El presidente de la Sofofa, agrupación de empresarios, Hermann von Mühlenbrock, señaló que los hechos investigados “revisten la máxima gravedad para el país”.
La mandataria Bachelet afirmó que la determinación del Poder Judicial demuestra que en Chile “las instituciones funcionan y funcionan para todos”. Aunque luego matizó: “No me corresponde pronunciarme, como otro poder del Estado, sobre un dictamen de la Justicia”.
Afectada en las últimas semanas por un caso que involucra a su hijo, la líder socialista agregó que “nosotros vamos a tomar todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones”.
El hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, renunció en las últimas semanas al cargo que tenía en el gobierno y a su afiliación al Partido Socialista luego de que tomara estado público un polémico negocio inmobiliario que lo involucra junto a su esposa, Natalia Compagnon, dueña de la mitad de Caval, una empresa pequeña.
El 16 de diciembre de 2013, un día después de que Bachelet se consagrara presidenta de Chile en segunda vuelta, Compagnon obtuvo del Banco de Chile (privado) un préstamo por 10,4 millones de dólares para la compra de unos terrenos rurales en el municipio Machalí, próximo a Santiago.
La operación había sido pactada el mes anterior por el dueño y vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, y Dávalos, que entonces era gerente de operaciones de Caval. Dado que Caval tenía un capital inferior a 10.000 dólares, que los terrenos adquiridos con el crédito estaban a punto de ser recalificados para uso urbano y que luego fueron vendidos por un precio significativamente mayor al de su compra, se sospecha que hubo uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El caso ha golpeado la popularidad de la mandataria, que pasó de 44 a 39 por ciento. El gobierno anunció la creación de una comisión asesora presidencial que se encargará de diseñar un nuevo marco regulador de las relaciones entre la política y los negocios, cuya conformación y funciones precisas dará a conocer la próxima semana.
