Lo reconoció el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; se activó una nueva revisión en la administración pública que prevé retiros voluntarios y el cese de algunos contratos; advertencia de uno de los dos gremios estatales

Luego de la ola de 10.662 despidos que se produjo en los primeros meses del año y que concluyó el 31 de marzo pasado, el Gobierno comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal. El plan consiste en hacer una meticulosa radiografía que permita evaluar las diferentes áreas. Tras este paso, se activarán traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos. Es decir, habrá más desvinculaciones.

“Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan”, dijo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra .

La idea que tiene el Gobierno con este “plan integral de transformación” es hacer en un Estado más eficiente. Para ello se puso en marcha un proceso de “planeamiento de dotaciones”, que evaluará la estructuración de cada ministerio, sus funciones, si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado. Actualmente esta evaluación se está llevando adelante en ocho carteras: Ambiente, Modernización, Seguridad, Cancillería, Salud, Producción, Turismo y Ciencia y Tecnología y se prevé que finalice el año próximo.

A esto se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados. Este último programa, denominado “Valores” comenzará a correr en breve y será una suerte de encuesta masiva en la que cada empleado deberá evaluar su área y proponer mejoras.

“Con una muestra muy representativa, de miles y miles de empleados, vamos a tener un perfil de la estructura de valores y el tipo de organización que los propios trabajadores quieren en la organización. Una vez que tengamos resultados esto retroalimentará nuestros programas de formación y capacitación”, explicó Ibarra.

En paralelo, se está trabajando en un plan de capacitación de personal que recorrerá toda la jerarquía pública: desde las más altas esferas hasta el personal administrativo. Los programas irán desde estrategia y liderazgo hasta ofrecer cursos de programación y gestión documental para aprender a manejar expedientes electrónicos o de atención al cliente. “Está pensado para que cada segmento del Estado tenga las herramientas que necesita”, dijo Ibarra.

Esta situación no pasó desapercibida para los gremios estatales. “El gobierno está avanzando en una estadística sobre la situación de los trabajadores para construir los planteles que ellos consideran óptimos, por fuera del ámbito paritario. Estamos buscando que se haga un acompañamiento sindical”, dijo Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.

El gremialista agregó: “Apuntan a una reducción y reorganización del personal, pero no garantizan el pase a planta permanente que prometieron. No tenemos listas o números de eventuales cesanteados, pero la semana pasada ya despidieron 170 trabajadores en el Ministerio de Educación y no se nos habilita a reincorporar a la gente que fue injustamente despedida”.

IRREGULARIDADES

Una de las problemáticas que viven muchos empleados públicos es permanecer durante años, a veces décadas, con un contrato transitorio y sin capacidad de ascenso. De acuerdo a datos que aportó Modernización, el 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%.

“Para octubre queremos tener un prediseño de los cambios que haremos a la carrera”, explicó Ibarra. Según el ministro, hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. Esto se hará mediante un concurso, que es una evaluación de capacidades para determinar su idoneidad en el puesto que ocupan. Actualmente, son alrededor de 13.000 las personas con más de diez años de antigüedad que no integran la planta permanente.

Sumado a esto, el año que viene se lanzará un concurso con jurado para la alta dirección pública (directores y coordinadores) del Estado. Se espera que para el 2019, de los 3000 cargos que hay actualmente, la mitad sea concursado.

“El trabajo es ver dónde estamos y qué tipo de gente nos hace falta; identificar cuáles son las necesidades que tiene el Estado” sintetizó Ibarra y agregó: “En los últimos años tuvimos un crecimiento del Estado de un 64% aproximadamente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Atacar el verdadero problema de las personas que no venían o no trabajaban. Terminado ese proceso, tenemos la obligación de ver con lo que hay, que el Estado funcione. Porque la verdad, es que no funciona o funciona mal”.
Fuente: La Nación