El Gobierno define su estrategia en los EEUU
Esta semana será muy importante para el futuro de la llamada pelea financiera del siglo: la República Argentina vs bonistas que litigan contra el país desde el 2005. Los holdouts tienen hasta el 7 de mayo para reafirmar su posición con respecto al pago de 1330 millones de dólares en efectivo.
Ese fue el monto que surgió de la última sentencia del Juez de Apelaciones de la Cámara del Segundo Distrito de Nueva York, Tomas Griesa, contra la Argentina.
Este caso no tiene nada que ver con el Discovery Mundial que fue analizado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el pasado 21 de abril pasado y sobre el cual todavía el tribunal no se expidió.
Pero más allá de lo que hagan los holdouts, el equipo que conduce el ministro de Economía Axel Kicillof, por orden de presidencia, ya ha tomado la determinación de no pagar y estirar los plazos mas allá del 31 de diciembre de este año.
Kicillof conduce el tema personalmente, como también hace con la renegociación con el Club de París desde que se hizo cargo de la Unidad de Restructuración de la Deuda, desplazando al ex ministro Hernán Lorenzino y manteniendo por ahora a Adrián Cosentinoy Matías Isasa, dos funcionarios que tuvieron activa participaron junto a Amado Boudou y Lorenzino en el Canje II de la deuda. A este equipo se han sumado la embajadora en Washington Cecilia Nahón y el secretario de Finanzas Pablo Lopez.
Plazo estratégico
La determinación de estirar los plazos mas allá del 2014 se fundamenta en que partir del 31 de diciembre de este año vence la llamada clausula RUFO (Rights Upon Future Offers), la cual le otorga a los bonistas el derecho de poder lograr mejoras con respecto a lo ofrecido a los bonistas en los canjes anteriores.
Hay que destacar que en abril de 1976, el gobierno militar sancionó la ley 21.305, la cual consta de un único artículo que habilita a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros” y se trató del primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica que fue modificado en 1981 con la ley 22.434 y ratificado en los 54 tratados bilaterales de inversión firmados entre 1992 y 2002.
La renuncia se aplica en la emisión de los bonos en default que poseen los buitres y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010. “Hay que brindarle seguridad jurídica a los inversores” dice una parte de su texto.
Posibles alternativas
El peor escenario para la Argentina es que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera tomar el caso y luego convalidara el fallo del juez Griesa. En ese caso el Gobierno tendría que incumplir sus pagos, lo que se llamadefault técnico con el restante 93 por ciento de los bonistas que ingresaron al los Canjes I y II, en 2005 y 2010.
Ocurre que en caso de un fallo adverso se condiciona a las entidades como el Bank of New York (BONY) que es el encargado de hacer los pagos de los vencimientos de los bonistas que ingresaron al canje. También otros fondos que dejaron se ser buitres y que ahora negocian a través de bancos extranjeros con Kicillof directamente, como Gramercy y Finitech, se verían perjudicados también.
De acuerdo a lo que opinan los principales abogados argentinos que sigue el caso recién en el segundo semestre de esta año la Corte Suprema de los EEUU podría comunicar si toma o no el caso argentino entre los 85 que debe tratar este año. Aunque otra de las alternativas es que puede anunciar una decisión antes del 31 de julio próximo.
Lo concreto es que el gobierno de Cristina Kirchner, más allá de alguna nueva embestida de los fondos buitre, ya ha tomado la decisión de no pagar en caso de un fallo en contra de la Corte Suprema de los EEUU si es que esta decidera tomar el caso y arriesgarse a un default técnico.
Pero si decidera no tomarlo, los abogados del estudio Clery Gotlieb Steen & Hamilton, junto al asesor Paul Clemence, consideran que la Argentina tiene otra posibilidad: le pedirán directamente al gobierno de Barak Obama que le solicite a la Corte que lo considere.Esto indica que el Gobierno se juega a que la normalización de la deuda en default, que llega en la actualidad a u$s25. 000 millones sea un problema a solucionar por el próximo gobierno.
