Lo dispuso Casanello para recuperar los fondos; el empresario quiere una moratoria

El juez federal Sebastián Casanello embargó anoche 1500 inmuebles, automóviles y embarcaciones pertenecientes a los acusados, en la causa por lavado de dinero que mantiene preso a Lázaro Báez .

La intención es respaldar los embargos dispuestos en los procesamientos de los imputados con estos bienes y recuperar el dinero defraudado a la sociedad.

La medida se realizó tras un inventario que hizo el fiscal Guillermo Marijuan . La fiscalía relevó las propiedades, hizo valuaciones y pidió que sean embargados, lo que se dispuso anoche. Según el informe, Báez posee bienes por $ 748 millones.

Los embargos alcanzan a cinco autos y 88 propiedades y acciones de 19 sociedades de Lázaro Báez; 13 inmuebles y acciones de 26 sociedades de Martín Báez; 1202 rodados y 432 inmuebles de Austral Construcciones; 28 rodados, dos inmuebles y dos embarcaciones de Austral Agro; 128 rodados y un inmueble de Kank y Costilla; cinco vehículos y 81 inmuebles de Badial SA; diez rodados de Valle Mitre (ex gerenciadora de los hoteles de los Kirchner); dos rodados y cinco inmuebles de Servicio Integral Alem; dos inmuebles y 15 rodados de Diagonal Sur Comunicaciones, y 12 rodados y un inmueble de Don Francisco SA.

También se embargaron dos inmuebles y 14 rodados de La Estación SA; seis vehículos de Alternativa SA, seis de M&P SA y cinco de HYU SA: seis inmuebles y un auto de Valle Hermoso SRL; dos propiedades de Néstor Marcelo Ramos, el responsable de Helvetic Service Group (requerido a Suiza); 14 rodados, un inmueble, un barco y acciones de Julio Mendoza, presidente de Austral; dos autos, tres inmuebles y acciones de Walter Zanzot.

A ello se suman dos autos, una vivienda y acciones de Jorge Chueco, contador de Báez; cuatro autos, dos propiedades y acciones de diez empresas de Claudio Bustos; un auto y cuatro inmuebles y acciones de Sebastián Pérez Gadín; dos inmuebles y acciones de tres empresas de Daniel Pérez Gadín, abogado de Báez, y dos inmuebles de Gustavo Fernández.

Se mandaron a los registros de la propiedad 1500 oficios para que se anoten estos bienes y no puedan ser vendidos.

En tanto, Lázaro Báez adelantó a la Justicia que quiere acogerse a la moratoria fiscal, que lanzó el gobierno de Mauricio Macri, para poder cerrar una causa que enfrenta por la supuesta evasión de unos $ 33 millones en aportes a empleados de su holding de empresas.

Se trata de la misma estrategia que utilizó otro empresario favorecido por el krichnerismo y que ahora está en problemas con la Justicia: Cristóbal López. El hombre de negocios también pidió ampararse en ese beneficio para cerrar un caso por evasión de unos $ 300 millones de los impuestos a las ganancias, IVA y aportes de sus empleados.

Báez prestó declaración indagatoria ante el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, a quien le pidió que “libre oficio a la AFIP” para que “informe sobre la factibilidad de adecuarse a la nueva ley por parte de las empresas involucradas”. Báez dijo que empezó con un plan de pago pero que lo abandonó cuando fue preso.

Además ayer el juez Casanello, envió a su colega Julián Ercolini la parte del caso de lavado que trata sobre el origen de los fondos blanqueados. Es la investigación por sobreprecios en la obra pública e irregularidades en esas contrataciones, por las cuales el juez Ercolini ya ordenó las indagatorias de Báez y de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien deberá comparecer en Tribunales el 20 de octubre.(La Nación)

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