Más de 250.000 extranjeros se radicaron en Argentina en los últimos 15 meses, convirtiendo al país en el “más abierto de Latinoamérica” en materia inmigratoria, dijo hoy el director nacional de Migraciones, Horacio García, quien defendió también los cambios migratorios que, indicó, apuntan a identificar a “una pequeña minoría que viene con otro interés que el de hacer las cosas bien”.

“Nuestro desafío es ser profundamente hospitalarios, pero restrictivos con los que delinquen”, expresó el funcionario durante una jornada de trabajo de autoridades nacionales, jueces y fiscales de distintos fueros realizada en el Salón Islas Malvinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, organizada por la Dirección Nacional de Migraciones.

García destacó que “en 2016 se radicó a 215.000 personas, una cantidad que nos ubica en el primer país de América latina en la materia” y que si se suman a las 52.000 que se establecieron desde enero, en un año y tres meses suman “a más de un cuarto de millón de personas”.

“No tenemos que tener pruritos para hablar de una pequeña minoría que vienen con otros intereses que no son hacer las cosas bien en la Argentina. Este es el principio del fin del Estado ‘bobo’, por eso tenemos que trabajar juntos”, dijo el director a los presentes, entre quienes estaban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Martín Ocampo; y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, entre otras autoridades.

Respecto del Decreto 70/2017, que firmó el presidente Mauricio Macri en enero y que modificó artículos de la Ley de Migraciones, Julián Curi, subdirector Nacional de Migraciones, manifestó que “surge de un trabajo profundo sobre el análisis de la norma migratoria” y “de la práctica diaria”.

La norma publicada en el Boletín Oficial reglamenta “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.

En este sentido, el artículo sexto de la norma modifica el artículo 62 de la Ley N° 25.871 y establece que “la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión”, dependiendo de que se presenten distintos casos.

“Las modificaciones realizadas hacen que podamos trabajar en un hecho de política en común. Sin duda, no se cambió el derecho a la inmigración, el igual trato a los extranjeros, el acceso a la educación y los servicios públicos y sociales, ni el derecho a la información y a la reunificación familiar”, expresó en su intervención Ritondo.

“Nosotros trabajamos en contra del delito, que no tiene nacionalidad”, afirmó por su parte Bullrich, que destacó que la estrategia que se utiliza en migraciones “es la misma que utilizamos para con un delincuente argentino”.

“Queremos que el flujo migratorio y turístico no se detenga, pero debemos analizar y mirar minuciosamente, ya que aumentan los riesgos y amenazas existentes”, cerró la ministra.

El ministro Ocampo también destacó la importancia de las políticas migratorias debido a su importancia como “elemento sustantivo de nuestra formación como Nación”. “Si no somos capaces de adaptarnos a las nuevas formas y herramientas, seremos absolutamente ineficientes y no podremos cuidar de nuestra gente”, aseguró.

El secretario Otamendi señaló que el Decreto 70/2017 es un acierto al “observar la cuestión relacionada con la política de seguridad”. “Tiene que ver con la globalización de la narco-criminalidad y la necesidad de dar una respuesta ágil”, expresó.

También participaron del encuentro el director general de Información, Análisis y Control Migratorio de la DNM, Diego Enriquez; la directora general de Técnica Jurídica, Cristina Ciancio; el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot; y el director Nacional de Reincidencia, José Miguel Guerrero.