LA DIPUTADA Y LÍDER DE PROGRESISTAS LE PEDIRÁ ESTE LUNES AL MINISTRO DE ENERGÍA JUAN JOSÉ ARANGUREN UNA AUDITORÍA PARA DETERMINAR SI LAS CONCESIONES OTORGADAS DURANTE EL KIRCHNERISMO A LAS DOS EMPRESAS PETROLERAS DE LÁZARO BÁEZ SE REALIZARON DE FORMA REGULAR, YA QUE SOSPECHA QUE LA FAMILIA KIRCHNER “ESTARÍA DETRÁS DE ESTE MILLONARIO NEGOCIO” DEL PETRÓLEO.

La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer pedirá al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, una auditoría con el propósito de determinar si las administraciones kirchneristas incurrieron en irregularidades en la concesión de áreas de explotación petrolera para dos empresas de Lázaro Báez.

Las firmas en cuestión son Epsur y Misahar, y en el escrito que presentará ante la cartera de Energía y Minería, Stolbizer pide que “se formalicen las denuncias penales que correspondan, si una auditoría determinara la existencia de posibles ilícitos penales”.

Según se anticipó en el ciclo “La Cornisa”, que se emite por la señal televisiva América TV, la legisladora solicitará además que se informe “si organismos nacionales como la ex secretaría de Energía y ENARSA fueron cómplices en la maniobra”.

Stolbizer considera que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pudieron “aplicar en la actividad petrolera un mecanismo similar al desarrollado en los contratos de la obra pública, en los cuales se favorecieron a los amigos, testaferros y personas de confianza” del matrimonio.

“Así como el ministerio de Planificación, la secretaría de Obras Públicas y Vialidad del gobierno anterior fueron cómplices de los negocios de la obra pública, el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el extitular de Enarsa, Exequiel Espinosa, hicieron la vista gorda a pesar de las múltiples irregularidades e incumplimientos de Epsur y Misahar”, remarcó la diputada.

De acuerdo a lo consignado en este ciclo periodístico, Stolbizer oficializará esta presentación en las próximas horas, después de “analizar los balances contables y administrativos” de las empresas de Báez en un período que va desde 2006 hasta 2013.

La diputada y su asesora Silvina Martínez obtuvieron la información luego de procesar datos provenientes de 15 Cedés que se encontraron en un departamento propiedad de Báez, ubicado en la calle Ugarte al 3500, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese material, Stolbizer aseguró haber encontrado “irregularidades y direccionamiento en las licitaciones” de las áreas petroleras por parte de la Secretaría de Energía y de la empresa estatal Enarsa.

Pero no solo eso.

Además, la dirigente bonaerense afirmó que “la consultora que usaron para tercerizar los servicios de las petroleras denominada Magma SA tiene su dirección real en un inmueble que Cristina Fernández incluyó en su declaración jurada como de su propiedad”.

Se trata de un predio de 234 metros cuadrados se encuentra en 25 de mayo 166, Río Gallegos y que Néstor Kirchner adquirió el 1 de diciembre de 1980, y que Cristina declaró en 2013 como parte de la herencia del ex mandatario.

Stolbizer señaló que Espinosa, ex responsable de Enarsa resultó denunciado en 2007 por la diputada Elisa Carrió ante la Oficina Anticorrupción por recibir aportes patronales de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, algo que tenía prohibido en función de su condición de funcionario público.

“En mayo del mismo año, la ANSES registró que Espinosa también recibió aportes patronales de YPF, cuando era controlada por Repsol”, remarcó la diputada.

Por esa nueva incompatibilidad, que no incluyó en su declaración jurada, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción ante el juez federal Claudio Bonadío.

En la base de datos de AFIP, Espinosa presentó como uno de sus domicilios fiscales alternativos el inmueble de la calle Mitre 855 de Comodoro Rivadavia, donde se ubica la una de las sedes de Epsur, la empresa petrolera de Lázaro Báez.

En tanto que el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, la legisladora recordó también que en 2003, el juez federal Sergio Torres lo procesó por desvío de fondos al entender que “incumplió sus tareas de control sobre la entrega de 37 millones de pesos que cedió su secretaría al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”.

Cameron también fue imputado en la causa Skanska, y sobreseído en 2011, pero ahora ese expediente esta reabierto y en poder del juez federal Sebastián Casanello, quien podría incluirlo otra vez en la investigación.