LA INICIATIVA TUVO MODIFICACIONES Y VOLVERÁ A DIPUTADOS. ENTRE ELLAS SE DESTACAN QUE EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA PODRÁ SER DESIGNADO POR EL EJECUTIVO PERO CON ACUERDO DEL SENADO.

El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobado por el Senado de la Nación, pero devuelto a la Cámara de Diputados ya que se le introdujeron algunas modificaciones a pedido de la oposición.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero en particular se le introdujeron modificaciones en virtud de que la oposición logró imponer su mayoría.

Entre los cambios, los más importantes son los que incluyen entre los entes que deben brindar información al público a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Otro de los cambios establece que el director de la Agencia de Información Pública podrá ser designado por el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.

Asimismo, se elimina el artículo que indica que no puede ser director de la Agencia quien haya ostentado cargos políticos o partidarios hasta cinco años antes de su designación.

El proyecto de Acceso a la Información Pública, que impulsó el Poder Ejecutivo, establece la posibilidad de que los particulares puedan solicitar y recibir información de los tres poderes del Estado.

El praso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.

La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

La norma había sido discutida en las comisiones y, a través del dictamen de mayoría, se había propuesto aprobar el proyecto venido de Diputados.

Sin embargo, desde la oposición, tanto el kirchnerismo, como el peronismo disidente y la centroizquierda, unificaron consensos para reclamar por la introducción de cambios y lograron torcer la voluntad del oficialismo que quería convertirla en ley esta misma noche.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fustigó duramente la modificación del proyecto en el artículo que establece que sociedades con participación estatal deben brindar información a los particulares.

“Si se elimina esa restricción, las empresas con participación minoritaria del Estado deben brindar su información no sólo sobre la participación estatal. Tendrá que darle toda esa información a su competencia”, advirtió Pinedo.

Además, insistió en preguntar “quién va a venir a la Argentina a invertir en estas condiciones”.

Sin embargo, el kirchnerista Juan Pais señaló que el Inciso C de la Ley “protege los secretos industriales, comerciales, financieros y científicos” de las firmas y remarcó que “en modo alguno se pone en peligro ninguna seguridad jurídica de las empresas”.

El radical Luis Naidenoff defendió la iniciativa argumentando que “se está saldando una deuda pendiente” y destacó que “es un proyecto que molesta al poder”.

“Así vamos a empezar a cerrar la distancia que existe entre la política y la gente”, indicó el formoseño.

La ultrakirchnerista santacruceña Virginia García afirmó que “la ley es buena y debe ser una herramienta útil y eficiente”, pero reclamó cambios en el control de la Agencia de Información porque “es casi imposible que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo”.

La tucumana Silvia Elías de Pérez, de Cambiemos, enfatizó que “en la Argentina el secretismo gobernó por muchos años” al cuestionar la decisión de la mayoría de los legisladores de retrasar la aprobación de la Ley.

La representante del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, en cambio, había enfatizado que “no es alentador ante la institucionalidad que salga la ley rápido sin hacerle cambios”.oyecto que crea una Agencia de Información Pública ante la cual cualquier persona tendrá el derecho a solicitar y a recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.

Además, establece como características principales el principio de legitimación amplia.

El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.

En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.

La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

La norma había sido discutida en las comisiones y, a través del dictamen de mayoría, se había propuesto aprobar el proyecto venido de Diputados.

Sin embargo, desde la oposición, tanto el kirchnerismo, como el peronismo disidente y la centroizquierda, unificaron consensos para reclamar por la introducción de cambios y lograron torcer la voluntad del oficialismo que quería convertirla en ley esta misma noche.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fustigó duramente la modificación del proyecto en el artículo que establece que sociedades con participación estatal deben brindar información a los particulares.

“Si se elimina esa restricción, las empresas con participación minoritaria del Estado deben brindar su información no sólo sobre la participación estatal. Tendrá que darle toda esa información a su competencia”, advirtió Pinedo.

Además, insistió en preguntar “quién va a venir a la Argentina a invertir en estas condiciones”.

Sin embargo, el kirchnerista Juan Pais señaló que el Inciso C de la Ley “protege los secretos industriales, comerciales, financieros y científicos” de las firmas y remarcó que “en modo alguno se pone en peligro ninguna seguridad jurídica de las empresas”.

El radical Luis Naidenoff defendió la iniciativa argumentando que “se está saldando una deuda pendiente” y destacó que “es un proyecto que molesta al poder”.

“Así vamos a empezar a cerrar la distancia que existe entre la política y la gente”, indicó el formoseño.

La ultrakirchnerista santacruceña Virginia García afirmó que “la ley es buena y debe ser una herramienta útil y eficiente”, pero reclamó cambios en el control de la Agencia de Información porque “es casi imposible que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo”.

La tucumana Silvia Elías de Pérez, de Cambiemos, enfatizó que “en la Argentina el secretismo gobernó por muchos años” al cuestionar la decisión de la mayoría de los legisladores de retrasar la aprobación de la Ley.

La representante del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, en cambio, había enfatizado que “no es alentador ante la institucionalidad que salga la ley rápido sin hacerle cambios”.

Fuente: Télam